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José Alberto González Reverón, alias Berto mientras un juez poeta no prohíba llamarle así, se libra de momento de una inhabilitación para ejercicio de cargo público, en espera de que la condena que le pueda caer por el Caso Arona sea mayor, o como dicen en Fiscalía, más contundente. La juez del juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido el juicio que este miércoles debía celebrarse contra el alcaldísimo por prevaricación administrativa, una causa que los haris han bautizado como caso Enchufe. 

La juez escuchó atenta al fiscal, que hizo suyas las sugerencias del abogado de Reverón, José Ramón Pitti. El enchufe del alcalde y parte de su equipo a dos trabajadoras afiliadas a CC en 2004, a las que de nuevo se les asigna la plaza mediante un concurso que muchos dicen que fue apañado (sobre todo, quienes se quedaron fuera) podría estar tan íntimamente vinculado a los tejemanejes del ayuntamiento aronero, que mejor todo en una misma causa, para qué vamos a ir disgregando.

Como me esperaba, en la sala de vistas no estaban más que la juez, el secretario judicial, el abogado de Berto, el del ex concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, también acusado, Berto, Barrios y una servidora. Nadie más, ni siquiera un periodista despistado o curioso. Malos tiempos le esperan a una prensa tan…sujetada.

Fuera aguardaban a ser llamados como testigos las dos beneficiadas (perdón, presuntamente beneficiadas), Eva González Moscoso y María Rosa Ruiz Alcalde, y tres de los técnicos que hicieron posible sus contrataciones ilegales, la jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Carmen Teresa Hernández Martín; el interventor Rojo Garnica, y el responsable de gestión tributaria, Javier Bethencourt Hernández.

Así que Belén de Vil fue la única que contempló a González Reverón, el familiar y cercano Berto, este buen hombre que tanto se preocupa por quienes le votan, un apaño aquí, otro allá, sentado por primera vez, cual reo, en el banquillo de los acusados, moviendo el cuello de un lado a otro, como queriendo sacudirse un yunque (prometo que la próxima vez llevaré cámara), y eso que ya sabía que el juicio se iba a suspender, porque Pitti ya sabía que el fiscal apoyaba su petición.

Barrios no levantó la vista del suelo durante los 20 minutos que duró el suplicio, (me refiero a la dureza de las sillas donde se sientan los acusados. Lo sé porque es la misma dureza de las sillas del público. Inaguantable). Quizás por eso, en cuanto la juez dijo que ya decidiría si había juicio o se inhibía, González Reverón y Barrios salieron disparados hacia la puerta.

Pero el caso Arona sigue pendiente de que se resuelvan los recursos de apelación contra las acusaciones en firme del juez Nelson Frías por prevaricación urbanística continuada, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, contra el alcalde y 30 más de sus gobiernos locales, técnicos y empresarios, así que, de momento, la vida sigue igual, y parece que este letargo aún va a durar meses.

El fiscal dijo que sumar las dos causas en un mismo procedimiento era beneficioso para los acusados (¡un poco de oxígeno, Berto! ), pero me quedé dudando, porque si hubiera habido juicio y se dictara sentencia, esa marcaría un precedente, y en este caso la petición de penas era mucho menor (no llegaban a cinco años) que las que les pueden caer cuando se juzgue el caso Arona, lo que parece imposible en este 2012, dado el ritmo que llevan en la Audiencia.