Prometido es deuda. Un poco más de la primicia que ha conseguido el guante para ustedes. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral por el ‘caso Lerena’ en el escrito de acusación por cohecho contra Pedro Álvarez, jefe de Negociado de Protección de Espacios Naturales y Litoral del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y contra el empresario Juan Antonio Lerena, el que coló a una empleada suya en la Gerencia de Urbanismo durante siete años.
La verdad es que el escrito de acusación que firma la fiscal-jefe Carmen Almendral (aunque en realidad es de la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez) no tiene desperdicio. Gracias a él, el bic, pasmadito todo, se ha enterado de que el sueldo de la trabajadora era entregado en efectivo por Lerena a Pedro Álvarez, por lo que no quedaba registro alguno en las cuentas municipales de la “infiltrada”. 
Candelaria Martín, la susodicha, prestaba sus servicios en el Negociado “siempre bajo la supervisión y en apoyo del acusado Pedro Álvarez Fernández”. Y así, a la trabajadora, en entonces era por cuenta ajena, “se le hizo un primer contrato eventual el 16 de octubre de 2002 para atender el aumento de trabajo en la oficina del Ayuntamiento” 
¿No hay interinos ni personal suficiente para tal menester? Uyyyy, uy, uy….
El 21 de enero de 2003 se le hizo otro contrato de seis meses por los mismos motivos. El 1 de agosto de ese año se le formalizó un contrato de obra o servicios “hasta la terminación de mantenimiento de las obras de la zona de Anaga”, es decir, hasta que concluyera el contrato adjudicado a su jefe con el dinero de las arcas públicas.
Eso duró un mes, pero en septiembre de 2003 ya se le hizo a Candelaria un contrato indefinido. Al cabo de unos añitos, la mujer presentó demanda contra el Ayuntamiento, que ha terminado por hacerla personal laboral. Parece un plan trazado con cuidado. Cierto que no es personal fijo y que la podrían largar en cualquier momento, pero…¿Se apuestan algo a que eso no va a ocurrir, no mientras esté la causa judicial abierta? 
Lean, vean, opinen ustedes mismos:
Solo un año de prisión
La Fiscalía pide un año de cárcel para Álvarez y Lerena, y tres años de inhabilitación para empleo de cargo público (eso sí que duele). Durante la instrucción declararon como imputados el anterior gerente de Urbanismo, el ex concejal Manuel Parejo y, como testigos, los empleados públicos que tuvieron el placer de compartir espacio con Candelaria.
En otro post les detallo las obras que se llevó Lerena.
Pues Pedro Álvarez Fernández, arquitecto técnico, ha sido el mandamás, el jefe de Negociado de Protección de Espacios Naturales y Litoral del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde 2003, aunque ocupaba el cargo de Negociado de Medioambiente desde 10 años antes.
Y que conste que el guante no tiene mala leche. Es el bic el puñetero.
