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Fiscalía pide la apertura de juicio oral por el ‘caso Lerena’

Prometido es deuda. Un poco más de la primicia que ha conseguido el guante para ustedes. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral por el ‘caso Lerena’ en el escrito de acusación por cohecho contra Pedro Álvarez, jefe de Negociado de Protección de Espacios Naturales y Litoral del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y contra el empresario Juan Antonio Lerena, el que coló a una empleada suya en la Gerencia de Urbanismo durante siete años. 

La verdad es que el escrito de acusación que firma la fiscal-jefe Carmen Almendral (aunque en realidad es de la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez) no tiene desperdicio. Gracias a él, el bic, pasmadito todo, se ha enterado de que el sueldo de la trabajadora era entregado en efectivo por Lerena a Pedro Álvarez, por lo que no quedaba registro alguno en las cuentas municipales de la “infiltrada”. :?

Candelaria Martín, la susodicha, prestaba sus servicios en el Negociado “siempre bajo la supervisión y en apoyo del acusado Pedro Álvarez Fernández”. Y así, a la trabajadora, en entonces era por cuenta ajena, “se le hizo un primer contrato eventual el 16 de octubre de 2002 para atender el aumento de trabajo en la oficina del Ayuntamiento” 8O ¿No hay interinos ni personal suficiente para tal menester? Uyyyy, uy, uy….

El 21 de enero de 2003 se le hizo otro contrato de seis meses por los mismos motivos. El 1 de agosto de ese año se le formalizó un contrato de obra o servicios “hasta la terminación de mantenimiento de las obras de la zona de Anaga”, es decir, hasta que concluyera el contrato adjudicado a su jefe con el dinero de las arcas públicas.

Eso duró un mes, pero en septiembre de 2003 ya se le hizo a Candelaria un contrato indefinido. Al cabo de unos añitos, la mujer presentó demanda contra el Ayuntamiento, que ha terminado por hacerla personal laboral. Parece un plan trazado con cuidado. Cierto que no es personal fijo y que la podrían largar en cualquier momento, pero…¿Se apuestan algo a que eso no va a ocurrir, no mientras esté la causa judicial abierta? :roll:

Lean, vean, opinen ustedes mismos:

acusación Fiscalía caso Lerena 1Acusación Físcalía 2. Caso Lerena. Santa Cruz de Tenerife

Solo un año de prisión

La Fiscalía pide un año de cárcel para Álvarez y Lerena, y tres años de inhabilitación para empleo de cargo público (eso sí que duele). Durante la instrucción declararon como imputados el anterior gerente de Urbanismo, el ex concejal Manuel Parejo y, como testigos, los empleados públicos que tuvieron el placer de compartir espacio con Candelaria.

En otro post les detallo las obras que se llevó Lerena.

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Primicia: La Fiscalía acusa de cohecho a Pedro Álvarez y a Lerena por el ‘caso Lerena’

¡¡¡Primicia para los seguidores de este blog!!! Gracias al guante, el equipo de Belén de Vil se ha hecho con el escrito de acusación formal de la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el Caso Lerena, ese en el que un empresario tuvo colada durante siete años a una trabajadora suya en la Gerencia de Urbanismo. Y en ese escrito, de hace 15 días, ya hay acusación formal por cohecho de la fiscal jefe Carmen Almendral contra Pedro Álvarez y el mismísimo Lerena. Por cohecho. 

¿Qué quién es Pedro Álvarez? ;) Pues Pedro Álvarez Fernández, arquitecto técnico, ha sido el mandamás, el jefe de Negociado de Protección de Espacios Naturales y Litoral del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desde 2003, aunque ocupaba el cargo de Negociado de Medioambiente desde 10 años antes.

Ta chan, ta chan…Según el escrito al que el guante ha tenido acceso y que en unas horas verán convenientemente escaneado, el tal Pedro “valiéndose del puesto que ocupa en el Ayuntamiento, propuso al acusado Juan Antonio Lerena Sánchez, al que dicho servicio adjudicaba diversas obras a su empresa, la contratación de doña María Candelaria Martín Pérez (la que ahora dicen que ha colado en servicios jurídicos Nieves Pérez Marichal, directora de Recursos Humanos del Consistorio), para que prestara sus servicios en las oficinas del Ayuntamiento (Gerencia, planta segunda), accediendo a ello el acusado Juan Antonio Lerena, en la creencia de que si  no lo hacía no se le adjudicarían más obras”.

¿Que no? :roll: A ver, Lerena, con su chica en el meollo del asunto, se llevó unas 35 obras menores para la zona de Anaga, por coste cercano a los dos millones de euros entre 2002 y 2009. No sé ustedes, pero dos millones en siete años… ¿Recuerdan que hace nada este asunto fue llevado a un Plenoy el flamante primer teniente de alcalde, don José Ángel Martín, dijo que seguía en investigación en Fiscalía y qué coño se iba a personar el Ayuntamiento en este caso? Pocas veces se puede hacer tanto el ridículo. La instrucción había comenzado en 2010.

Dejemos las payasadas porque lo interesante es que la Fiscalía acusa porque lo que hubo, lo hubo, y carga contra Pedro Álvarez Fernández, sobre todo contra él, ya que el susodicho, que ya ha declarado como imputado, era quien recibía en metálico el sueldo de la Candelaria, y él se lo entregaba en persona. ¿Una caja B?

La tal Candelaria, a quien en la Gerencia de Urbanismo la conocen como la niña de rabietas (dicen que tiene mal humor, ja, las malas lenguas), “realizaba siempre bajo la supervisión y en apoyo del acusado Pedro Álvarez funciones de carácter administrativo: informes de permiso de las actividades en las playas del municipio, subvenciones de viviendas rurales, proyectos, obras de mejora de infraestructura, confección de bases de datos para el control de expedientes 8O y para la gestión de la solicitud de Anaga”.

Un poco más: La tal Candelaria, ahora auxiliar administrativa con puesto indefinido en los servicios jurídicos, “se encargaba del archivo de expedientes y proyectos de papel, de las fotos del patrimonio de obras, búsqueda de facturas de expedientes y fotos para su clasificación”.

“Durante el tiempo de su contratación  su función ha estado estrechamente ligada con los contratos de obra menor que se adjudicaban al acusado Juan Antonio Lerena para el área de Gobierno de Calidad Ambiental, Seguridad y Servicios Públicos, Servicio de Control y Gestión Medioambiental para la zona de Anaga”.

Lo que les cuento. Esta es la acusación formal de Fiscalía una vez interrogado mucho personal, hasta el mismo Manuel Parejo, que era el concejal de Urbanismo pero ha quedado fuera de acusación. Han desfilado por los juzgados una parranda de sujetos, entre arquitectos, técnicos y funcionarios.

En el próximo post un poco más, y ya les cuento lo que pide la Fiscalía como pena. Prisión y años de inhabilitación para cargo público, pero por esta tarde vamos a dejarlo, no vaya a ser que Daniel Millet  y la Opi hagan suya la noticia :lol: Y que conste que el guante no tiene mala leche. Es el bic el puñetero.

Anda que si el caso no lo denuncia una trabajadora de las de verdad al comité de empresa, ni nos enteramos. Fuerte es poco.

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El alcalde de Arona, en el banquillo…por 20 minutos

José Alberto González Reverón, alias Berto mientras un juez poeta no prohíba llamarle así, se libra de momento de una inhabilitación para ejercicio de cargo público, en espera de que la condena que le pueda caer por el Caso Arona sea mayor, o como dicen en Fiscalía, más contundente. La juez del juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido el juicio que este miércoles debía celebrarse contra el alcaldísimo por prevaricación administrativa, una causa que los haris han bautizado como caso Enchufe

La juez escuchó atenta al fiscal, que hizo suyas las sugerencias del abogado de Reverón, José Ramón Pitti. El enchufe del alcalde y parte de su equipo a dos trabajadoras afiliadas a CC en 2004, a las que de nuevo se les asigna la plaza mediante un concurso que muchos dicen que fue apañado (sobre todo, quienes se quedaron fuera) podría estar tan íntimamente vinculado a los tejemanejes del ayuntamiento aronero, que mejor todo en una misma causa, para qué vamos a ir disgregando.

Como me esperaba, en la sala de vistas no estaban más que la juez, el secretario judicial, el abogado de Berto, el del ex concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, también acusado, Berto, Barrios y una servidora. Nadie más, ni siquiera un periodista despistado o curioso. Malos tiempos le esperan a una prensa tan…sujetada.

Fuera aguardaban a ser llamados como testigos las dos beneficiadas (perdón, presuntamente beneficiadas), Eva González Moscoso y María Rosa Ruiz Alcalde, y tres de los técnicos que hicieron posible sus contrataciones ilegales, la jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Carmen Teresa Hernández Martín; el interventor Rojo Garnica, y el responsable de gestión tributaria, Javier Bethencourt Hernández.

Así que Belén de Vil fue la única que contempló a González Reverón, el familiar y cercano Berto, este buen hombre que tanto se preocupa por quienes le votan, un apaño aquí, otro allá, sentado por primera vez, cual reo, en el banquillo de los acusados, moviendo el cuello de un lado a otro, como queriendo sacudirse un yunque (prometo que la próxima vez llevaré cámara), y eso que ya sabía que el juicio se iba a suspender, porque Pitti ya sabía que el fiscal apoyaba su petición.

Barrios no levantó la vista del suelo durante los 20 minutos que duró el suplicio, (me refiero a la dureza de las sillas donde se sientan los acusados. Lo sé porque es la misma dureza de las sillas del público. Inaguantable). Quizás por eso, en cuanto la juez dijo que ya decidiría si había juicio o se inhibía, González Reverón y Barrios salieron disparados hacia la puerta.

Pero el caso Arona sigue pendiente de que se resuelvan los recursos de apelación contra las acusaciones en firme del juez Nelson Frías por prevaricación urbanística continuada, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, contra el alcalde y 30 más de sus gobiernos locales, técnicos y empresarios, así que, de momento, la vida sigue igual, y parece que este letargo aún va a durar meses.

El fiscal dijo que sumar las dos causas en un mismo procedimiento era beneficioso para los acusados (¡un poco de oxígeno, Berto! ;) ), pero me quedé dudando, porque si hubiera habido juicio y se dictara sentencia, esa marcaría un precedente, y en este caso la petición de penas era mucho menor (no llegaban a cinco años) que las que les pueden caer cuando se juzgue el caso Arona, lo que parece imposible en este 2012, dado el ritmo que llevan en la Audiencia.

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