La Plataforma de Afectados de la Hipoteca de Tenerife (PAH Tenerife) ha logrado parar, por tercera vez, el embargo de Carmen y su hija menor. Puede que lo hayan visto en alguna televisión. Las quieren echar de su casa nada menos que ese bluff llamado Bankia, pero no es de eso de lo que quería informarles mi guante, sino del famoso protocolo antidesahucios que aprobó el Ayuntamiento con gran boato y unanimidad para ejercer de intermediario con los bancos. Pues nada de nada, que es nada, o menor dicho, chiquito paripé.
Solo se salva de mi humo, por el momento, el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, que es el único que ha movido pieza para que a las personas que han perdido la titularidad de sus casas no se les siga cobrando el IBI (manda carajos que se cobre por una posesión que no se tiene). Eso sí, y reproduzco las palabras de la inagotable portavoz de la PAH, Inma Évora, que pide que los afectados comuniquen antes su situación al Ayuntamiento para que no les pasen ese impuesto.
Del resto, nada, insisto, un vacío total. Se tenía que haber creado una comisión para elaborar “un protocolo propio”, en palabras del alcalde José Manuel Bermúdez, que mantuvo una reunión con la PAH arropado por la concejal de viviendas municipales, Ángela Mena, y ese híbrido entre CC y PP que milita en el PSOE, Arocha, el responsable de Asuntos Sociales.
No ha habido ninguna reunión de esa comisión fantasma, se pidió la presencia de algún representante municipal en el lanzamiento de la vivienda de Carmen, que no acudió, y lo mejor, no hay un catálogo de viviendas vacías, muchas de ellas municipales, que puedan servir para poner en marcha de una vez eso que se llama alquiler social (el 30 por ciento de lo que se percibe).
Sí Se Puede ha pedido que se elabore ese catálogo de una vez. No estaría mal que Arcila cogiese las riendas de este asunto, ya que Guillermo Guigou no parece tener mucho interés y José Manuel Corrales puede acabar en un banquillo por supuesta estafa electoral ¿Qué no? Pues por ahí van los tiros.






