El ‘Caso Arona’ tiene chinches

El ‘Caso Arona’ tiene chinches :lol: Síííí, sí,sí, pica que no vean. Es abrir la caja fuerte del sótano del Palacio de Justicia de Santa Cruz, en la que se custodian los 63 tomos de la instrucción de esa mega trama de corrupción político-empresarial que se dió en Arona durante los mandatos de José Alberto González Reverón (CC), y no hay funcionario que no salga con picores y lleno de ronchas. Y como sabemos de tinta directa que el juicio va a tardar meses en celebrarse, crece la duda sobre si dentro de la caja fuerte no estará naciendo una nueva colonia de bichos extraños y quien sabe si mutantes. 

Va en serio :roll: : el juzgado de Instrucción 2 de Arona cerró la instrucción tras la acusación formal por corrupción pura y dura (delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho que habrían cometido entre 2003 y 2007 el ex alcalde okupa González Reverón, más famoso como Berto el Surreabertista; todo su equipo de Gobierno, funcionarios y empresarios del sur sureño), redactada por la fiscal para los Delitos contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente, Inmaculada Violán.

Eso fue en septiembre pasado. La instrucción, esos 63 tomazos que la componen, fue remitida entonces a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y por reparto cayó en la Sección Sexta, que procedió con diligencia a encerrarla bajo siete llaves, más que nada porque terminaron todos los funcionarios llenos de ronchas. 

Y la secretaria judicial, con dolor de cabeza. Porque no tiene manera de ubicar en el calendario de 2015 un juicio que se prevé que dure entre cuatro y seis meses, sin dejar la Sección Sexta inutilizada durante ese tiempo. Y porque los tres magistrados de esa sección no harían otra cosa, así que se ha pedido un tribunal especial, a ver si se estira la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y cuenta con el visto bueno del Poder Judicial. 

Y conforme pasan los meses, las chinches aclimatan su hogar entre folio y folio. 

Ojo, que esos 63 tomos cobijan escuchas por parte de la Policía Judicial de lo más entretenidas, por ejemplo, la de Paulino Rivero pidiendo hueco para una sobrina en la policía local de ese municipio del sur de Tenerife, aunque al asunto se le echó tierra y sepultado quedó), o la conversación grabada por un empresario a Arsenio Zamora, a su vez empresario y dice la fiscal que mediador en comisiones. 

La posible trama de corrupción que está bajo llave es la correspondiente a la instrucción del ‘Caso Arona 1′, al que ya saben, (y si no lo saben, se lo decimos), que le siguen los casos Arona 2, Arona 3 y Arona 4. En sólo cuatro años se habrían otorgado más 80 adjudicaciones a dedo y unas 200 licencias urbanísticas fuera de la legalidad. Hay que ser lanzado  y currante, sí señor, currante, para en cuatro años montar semejante feria. Lástima que Bertito trabajase en sentido contrario, ainssssss :(

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Arona, Corrupción

Los informes de Enrique Armas “deberían ser invalidados

Seguimos con el asunto, sí, sí,  con Enrique Armas Vargas porque la PDBPPF (a ver, echen imaginación…!¡Bingobono!!!, :D Sííí, es la Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense, nombre sencillo donde los haya) ha lanzado este lunes un comunicado en el que deja claro sus sospechas sobre que la mala praxis, o praxis a su way, del psicólogo del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife deberían suponer de facto la invalidación de sus informes en juicios en los que ha participado “durante años”. 

Les traslado copia íntegra del comunicado, pero antes, que sepan que el Bic preguntó por el señor Armastomar (no confundan con El Chamo el de Ceteca, porfaplis) en el Instituto de Medicina Legal o IML, y le remitieron a un teléfono particular.

Ring, ring, ring….”Por favor, ¿podría hablar con don Enrique Armas Vargas?”….”¿Con quién?”…. “Con Enrique Armas”….”¿De parte de quién?”… Y el resto fijo, fijo, que lo adivinan. “Está muy ocupado y es del todo imposible que pueda hablar con él”… :roll:

Bien, cumplido con el deber de intentar contrastar la noticia, con lo que le habría gustado a la sortija saber de amigas, como Pilar Matud, la titular de Psicología de la Personalidad de la Universidad de La Lagunan (ULL), tan ligada a las experimentaciones en ese sustancioso campo de la violencia de género y el maltrato a menores, pasamos a dejarles el comunicado, sin cortar ni pegar. Como la PDBPPF no tiene web, no es posible enlazarles, así que el guante impone ir a lo práctico. Aquí tienen:

Julio Blas Padrón, presidente de la plataforma e defensa de las buenas prácticas en psicología forense

Julio Padrón, presidente de la plataforma e defensa de las buenas prácticas en psicología forense, fácilmente conocida como PDBPPF

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA BUENA PRÁCTICA EN PSICOLOGÍA FORENSE.

Ante la decisión de la audiencia provincial de ordenar la investigación de la conducta del psicólogo del IML, Enrique Armas Vargas, la Plataforma quiere comunicar:

Su satisfacción con la resolución dictada por la Audiencia Provincial, porque ello supone abrir la investigación para determinar, de una vez por todas, lo ocurrido en torno a la actividades ocultas presuntamente realizadas por este con sus pacientes en el seno del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos son de una gravedad extrema y afectan, al menos, a una población forense de 425 personas. Los delitos que se le imputan son cinco (el Bic cuenta cuatro, pero bueno): delito de falsedad de documento público, falso testimonio, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación.

Y es que el Sr. Enrique Armas es quien realiza la evaluación forense de las víctimas y menores en casos de violencia de género y en procesos de familia donde se decide la custodia y el régimen de visitas, y quien emite los informes periciales destinados a los juzgados, y los querellados, constituyentes de plataforma en defensa de las buenas prácticas en psicología forense, han descubierto como durante varios años ha utilizado a sus evaluados como muestras experimentales para sus trabajos privados universitarios.

En los informes psicológicos ocultaba sus invenciones como si fueran verdaderas pruebas de evaluación psicológica atribuyéndoselas a otros autores ocultando directamente el nombre del supuesto autor, todo ello sabiendo que en realidad se tratan de sus invenciones. Ello supone, además, que los informes tienen contendidos inválidos en inservibles para un peritaje forense.

Ya el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha sancionado a este psicólogo por la realización de esta práctica.

Que la Audiencia Provincial ordene la investigación de unos hechos recogidos en una querella inicialmente archivada por el Juzgado de Instrucción, supone un gran paso en la lucha de esta Plataforma por que se conozca la verdad de estas prácticas y se proteja a las personas que acuden al IML para ser valoradas. Además supone un paso importante en la colaboración que la Plataforma quiere prestar a la Administración de Justicia para la mejora de sus actuaciones en estos casos.

También queremos comunicar que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto procedimiento informativo al Juzgado de Instrucción número de 4 de La Laguna por la dilación en la toma de decisiones ante una denuncia presentada por la Plataforma contra Jesús Vega, director del IML. Denuncia que por turno de reparto cayó en el mismo juzgado y que se interpuso en diciembre de 2013 sin haber recibido notificación alguna al respecto de la misma.

Pues hala, a relajarse, que el auto judicial ya indica que los afectados, los querellantes, deben pagar fianza aún  no fijada, a ver si pueden, y que una vez hechas unas cuantas diligencias, el caso se puede sobreseer…o no. Estaremos al tanto.

 

Deja un comentario

Archivado bajo Violencia de Género

Se reabre el caso contra Enrique Armas, el psicólogo acusado de “experimentar” en valoraciones forenses

¿Se acuerdan? Enrique Armas Vargas ha dado mucho que hablar desde que fue denunciado en 2013 por hacer de su capa un sayo y usar los test de valoración de personalidad como le venía… perdón… hubiera venido  en gana, mezclando unos con otros, a ver qué salía. Lo malo es que sus informes llegaban a los juicios en los juzgados de la provincia tinerfeña, ya que es psicólogo ejerciente como forense en el Instituto de Medicina Legal. Su campo de acción, la violencia de género y los acosos varios, como el laboral.

La noticia es que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso de apelación que interpuso la Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense (…¿A quién se le ocurrió el nombre?… :?: ) contra el archivo de la denuncia que interpuso contra Armas, nada menos que por prevaricación, falso testimonio, uso de información privilegiada de funcionario público, y falsedad de documento público. Y ha ordenado que se interrogue al susodicho.

Para que no tengan que buscar antecedentes, el resumen es que, según la denuncia de la Plataforma, Armas Vargas habría usado a los que debían valorarse psicológicamente, de cara a un juicio. Es decir, denunciados o denunciantes que no tenían ni idea de que el perito que les había tocado en turno estaba experimentado con ellos pruebas y test de su propia creación. Y encima sacaba sus conclusiones propias en congresos y jornadas nacionales e internacionales.

La Audiencia Provincial, en un auto firmado justo antes de cerrar por vacaciones, el 31 de julio, está de acuerdo con que los hechos denunciados merecen que se les eche un vistazo, hombre, aunque sólo sea para quedar bien, que se investigue sobre todo algo que canta de acuerdo con el artículo 460 del Código Penal, justo el de falso testimonio.

Y ello, dice el auto, porque para que un  perito forense, como es Armas Vargas, incurra en falso testimonio, sólo es necesario que altere la verdad “con reticencias o inexactitudes, o bien silenciando datos o hechos relevantes que le fueran conocidos”, lo que puede cuadrarle como el guante al Bic.

Parece que hay documentación suficiente, nada menos que 425 informes de otras tantas personas usadas de forma experimental, en los que estaría claro que incluso el perito usaba un “cuestionario de pensamientos distorsionados (creencias), sin hacer alusión a su autor ni aportar ninguna referencia” en sus informes, según la querella de la Plataforma.

Armas Vargas no es un cualquiera. Le importó un bledo que el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife le abriese una investigación y le sancionase con seis meses de inhabilitación para ejercicio profesional. Negó la potestad del Colegio para sancionarle (cómo lo leen), pero por si acaso, se dio de baja en la colegiación, aunque siguió ejerciendo, tan ricamente, para el Instituto de Medicina Legal.

Dicen que está más que amparado en un amplio paraguas que va de la Universidad de La Laguna a la mismísima Consejería de Presidencia, pasando por Fiscalía, que interesó que se archivase todo todito todo porque Jesús Vega, el director del IML, les informó de que su perito compañero de congresos varios es un santo y todo está OK. :(

El asunto es más largo. Y enrevesado. Ahí tienen esa flecha que va del  área de Violencia de Género de la ULL al mismo Gobierno de Canarias, que mira para otro lado pese que sabe de sobra que para ejercer hay que estar colegiado.

Para más información lean en –>> El Diario.es/TenerifeAhora otros detalles.

 

5 comentarios

Archivado bajo Violencia de Género

A Miguel Zerolo se le rompió el colchón de tanto usarlo

Ya está. Se le acabó la carrera política a Miguel Zerolo. Era de esperar. Se le rompió el colchón de tanto usarlo y no hay coalicionero que pueda hacer la vista gorda. Calcado, oigan, al caso de José Alberto González Reverón, el alcalde de Arona (Tenerife), inhabilitado para todo cargo público por un asunto menor. Si es que se le puede llamar menor al caso del IES Hermanos García Cabrera, que lo que parecía que era un pintar las paredes acabó siendo una obra inmobiliaria en toda regla de más de siete millones de euros.

Los dos, Berto y Miguel son de Coalición Canaria, y ambos han demostrado una forma de hacer común, así que tememos que extendida. Si el guante fuese de Coalición Canaria, que no es posible (¡es rojo!), estaría temblando y revisaría con lupa hasta el último rincón municipal para constatar que la enfermedad de hacer contratos al antojo de cada preboste municipal no es legal.

Zerolo ha sido condenado a 8 años de inhabilitación para cargo público, así que deja de ser senador ya mismo. También es de esperar que se haya cubierto las espaldas en la empresa privada, porque poco antes de que saltará el ‘caso Las Teresitas’ ya tenía reservado un puesto como directivo, eso dijeron con la boca chica hasta los de su partido, en Islas Airways, pero Islas se ha ido para el carajo, así que ya veremos dónde encajan, aunque sea con escuadra y cartabón al niño de los ojos saltones, saltonísimos en la madrugada chicharrera.

Les dejo la nota de prensa del Tribunal Supremo. Y la sentencia, claro. Para acceder a ella en pdf, pinchen aquí

El Tribunal Supremo ha condenado al senador de Coalición Canaria y ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo Aguilar, a 8 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, en concepto de autor (el fiscal pedía 9 años). El ex teniente de alcalde y ex concejal, Guillermo Núñez Pérez, también ha sido condenado a 8 años de inhabilitación especial por el mismo delito. El tercer acusado, el funcionario Joaquín Castro Brunetto, ha sido absuelto. 
La sentencia, de la que ha sido ponente Juan Saavedra Ruiz, declara probado que los condenados adjudicaron las obras de remodelación de una sede municipal a la empresa IMES S. A. con un encargo directo sin tramitar expediente de contratación. Dicha empresa se encargaba del mantenimiento de los colegios y edificios municipales y por su objeto no podía amparar las obras a realizar en el citado inmueble.

El acusado Miguel Zerolo conocía, según la sentencia, que las obras realizadas en el edificio del antiguo Instituto García Cabrera no estaban comprendidas en el objeto del contrato que unía a la empresa IMES S.A. con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que, en consecuencia, su realización hubiera exigido la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

Sin embargo, asegura la Sala, adopta una resolución administrativa arbitraria para levantar el reparo formulado por la Intervención de Fondo, aprueba el correspondiente documento contable y permite el pago al que la Intervención se opone con razón, “con ello, sin duda, tratándose de dinero público, se afecta a los derechos de los administradores y de la colectividad en general”.

Cuando así ocurre, según la sentencia, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa al derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento jurídico aceptable. Afirma que, en este caso, “la decisión del acusado sólo estaba dirigida a amparar una situación en la que se había prescindido del procedimiento establecido en la ley”.  

En el caso de Guillermo Núñez Pérez, la Sala entiende que fue un cooperador necesario para la comisión del delito de prevaricación. Como Teniente de Alcalde y concejal de Santa Cruz, fue quien encargó directamente a la empresa IMES S.A. la realización de las controvertidas obras, ” conociendo que dicho encargo no estaba amparado por el contrato que unía a esta entidad con el Ayuntamiento”. 
 
En el caso del tercer acusado, Joaquín Castro, el tribunal estima que debe ser absuelto al considerar que de la prueba practicada no se puede concluir que actuara en connivencia con el fin delictivo de las dos primeras autoridades municipales.

4 comentarios

Archivado bajo Coalición Canaria, Corrupción

Se inaugura el ahumadero, que no solarium, de Valleseco

Hay que tener humor negro (nunca mejor dicho), o relajamiento, o necesidad de unas vacances, o una cartera bien pagada, para bautizar como Solarium a la esquina que los vecinos de Valleseco, de toda la vida, han usado para darse unos remojos. Lo que no sale en las fotos de laopinion.es son los tanques de BP y mucho menos, la nube negra y apestosa del barquito-torre de limpieza de la Plataforma petrolífera que adorna el paisaje del solarium/ahumedera.

Que ese rincón de Valleseco, con las carboneras BIC de frente y la plataforma petrolífera a un lado, es un solarium, se sabía en Valleseco y alrededores desde ni se sabe, porque es el uso que le han dado vecinos desde que reivindican que se arreglen las dos playas, y se dote de servicios mínimos.

Lo que no sabía el guante es que el solarium iba a estar aromatizado por emanaciones de la plataforma inofensiva, según los jetas de la autoridad portuaria, que ha sido tan amable de hormigonar un pedacito de metros, quitar dos matojos y poner una escalera nueva para trepar una vez que te has lanzado al agua.

Qué felices están los vecinos, pregona La Opi. Cómo saltan al mar de alegría. Negros, que no morenos, por el humo escupido por el barquito que limpia los pulmones de la plataforma mientras apesta los nuestros.

Vean las fotos que el impagable guante ha obtenido esta misma tarde, a eso de las 17.00 horas. No fue cuestión de unos minutos. La ahumareda, que garantiza que se pone usted negro negra negra negro en un zas, duró horas. Lástima que la peste no se se pueda transmitir on line.

el ahumadero sano de Valleseco

 

Solarium Valleseco, el paisaje que no sale en la fotos

Qué bonito paisaje en Valleseco (Santa Cruz de Tenerife)

la ahumareda, desde otra esquina, qué guaissssss

El humito guais para un buen bronceado

1 comentario

Archivado bajo Medioambiente-ecología, Santa Cruz de Tenerife